Cargando ...Cada cuatro años Galicia elige a sus nuevos representantes en el Parlamento autonómico y, cada otros tantos años, el panorama político español se enfrenta al reto de cómo garantizar el voto a la población española residente en el extranjero. Una mera relación causa – efecto.
El 40 por ciento de la población gallega emigró a lo largo del siglo XX, según recoge un estudio de la Fundación BBVA, lo que propició la creación de una diáspora de dimensiones considerables que, una vez llegada la democracia, conquistó el mismo derecho a voto que aquéllos que se habían quedado en la tierra.
En total, 325.266 gallegos viven fuera de Galicia, según datos de la Secretaria Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, frente a los 2.738.098 de habitantes de la comunidad autónoma, según el Instituto Nacional de Estadística. O lo que es lo mismo, una cantidad similar a algo más del 12 por ciento de los habitantes de la región viven en el extranjero.
La diáspora es, por tanto, un vivero de votos que puede determinar quién dirige la Xunta y quién se queda en el camino. De hecho, en las elecciones de 2005, todos los partidos políticos estuvieron pendientes de los resultados de los emigrantes para determinar si tenían que cantar victoria o llorar el haber perdido.
Ante este panorama, garantizar el voto de los emigrados es, además de una cuestión de ejercicio democrático, una cuestión de supervivencia política.
Y, como se prevén elecciones para este otoño, los partidos políticos han empezado a movilizarse. Hay que garantizar el voto emigrante.
En este contexto surgió la propuesta de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, de introducir el voto electrónico. El Parlamento de Galicia había elevado una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el consenso de los tres grupos políticos que lo conforman (BNG y PSdeG, en el poder; PPdeG, en la oposición).
Los políticos gallegos pedían un cambio en la demarcación consular, una mayor fiabilidad del voto por correo o más difusión de información sobre las elecciones, entre otras medidas.
“La propuesta de la vicepresidenta”, explica el diputado del PSdeG, Xaquín Leiceaga, “es un paso adelante para darle una solución a las peticiones de homogenización de las condiciones de ejercicio de voto de los residentes en el exterior”.
El voto electrónico es “viable”, como explican fuentes socialistas, aunque “es un procedimiento técnico no muy experimentado en España más allá de pruebas piloto”.
No están de acuerdo sus compañeros de bipartito, el Bloque Nacionalista Galego. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, explica que “el voto electrónico puede ser una solución a largo plazo pero no a corto o medio plazo”.
Para los nacionalistas, la propuesta de la vicepresidenta es únicamente “una cortina de humo” ya que “implantar el voto electrónico es complejo técnicamente”. Como explica Jorquera, la complicación es “mucho mayor que la del voto en urna”, la “opción preferente” que defiende el BNG.
“Si en el caso del colectivo marinero, que es más fácil, el Gobierno no ha implantado el voto electrónico”, se pregunta Jorquera, “a qué viene ahora proponerlo para un colectivo de más de un millón de personas”.
En el caso del PPdeG, la idea del voto electrónico se acepta pero no se recibe tampoco con especial entusiasmo. El presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, afirmó, en declaraciones que recoge el semanario A Nosa Terra, “cualquiera de los dos métodos vale, siempre que se respete la seguridad y viabilidad del voto”.
eAdministración
Viable o no, la introducción del voto electrónico en los comicios supondría el espaldarazo definitivo para la eAdministración, tras la aprobación hace un año de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Aunque los diecisete ministerios cuentan con una sede virtual y con la posibilidad de realizar trámites en línea, las opciones de la eAdministración están lejos de ser plenas.
La situación es aún peor en el caso de las comunidades autónomas, con una implantación irregular de los elementos requeridos por la Administración. “En España”, apunta Leiceaga, “conviven administraciones que ya entraron en la era digital, como la Seguridad Social, con otras que acumulan más retraso”.
Galicia, a pesar de dar “pasos de gigante” en la materia, tiene aún mucho por hacer.
“Queda mucho camino por recorrer para implantar la Administración electrónica”, puntualiza Francisco Jorquera, del BNG. Los bloqueiros aún así apuestan por la eAdministración, porque “favorece una relación más rápida, directa y fluida con los ciudadanos”.