El Ayuntamiento de Madrid solicita a la CNMC una investigación sobre el servicio Uber Airport

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En lo que va del año los taxistas españoles han convocado tres huelgas argumentando que las aplicaciones de viaje constituyen una competencia desleal porque no cumplen con la normativa vigente y pagan menos impuestos.

El Ayuntamiento de Madrid está preocupado por los precios que Uber ha establecido en su servicio de transporte del aeropuerto, Uber Airport, que no cubren los costes de funcionamiento y, por lo tanto, puede constituir una competencia desleal.

Uber cobra entre 15 y 29 euros por el traslado desde el aeropuerto internacional de Barajas al centro de la ciudad, dependiendo del vehículo utilizado. Las tarifas de taxi estándar por el mismo viaje se fijan en 30 euros. Uber también ofrece un descuento del 50% en viajes desde las estaciones principales de trenes y autobuses.

En un comunicado sobre su actuación, el Ayuntamiento de Madrid ha emitido que Uber Airport “puede violar ciertos artículos de la Ley de Competencia Desleal y los derechos de los consumidores, si es inferior a los costes de realización de servicios y su único propósito es la contratación de viajeros a través de prácticas de competencia desleal”, por lo que el Ayuntamiento ha enviado una “solicitud de análisis” a la CNMC.

Uber volvió a entrar en el mercado español en 2016 con una capacidad limitada, ofreciendo una versión de su servicio que utilizan solo conductores con licencia y solo en Madrid. Los desafíos legales de las asociaciones de taxis llevaron a una prohibición anterior de su servicio completo en todo el país.

En mayo de este año, los taxistas de tres ciudades españolas organizaron una protesta en la capital contra Uber y la empresa local Cabify, denunciando que los vehículos de alquiler privados no se enfrentan a las mismas cargas regulatorias.

En el ámbito comunitario, la compañía está a la espera de una decisión del máximo tribunal europeo (TJUE) sobre la categorización de su negocio, que se deriva de otro reto legal en España. El TJUE debe pronunciarse sobre si Uber es una empresa de transporte o –como sostiene la propia empresa- una mera plataforma tecnológica.

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