El Gobierno aprueba La Ley Sinde. Internet se rebela contra el cerrojazo web

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Opinión. El Gobierno español, a los pies de las sociedades de derechos de autor y una parte de la industria, consuma el ataque a Internet y los Internautas con la aprobación del proyecto de Ley de Economía sostenible que incluye la mal llamada normativa antipiratería, gestionada por un monstruo administrativo-jurídico, dirigida por una Comisión del Ministerio de Cultura y controlada por organizaciones privadas como la SGAE. La Red de redes está que arde, con más razón que nunca, y no nos equivoquemos, un aparato como este no se monta para cuatro piratillas, está en juego la libertad y neutralidad de Internet.

Poco ha importado al gobierno la protesta de Internet e Internautas y en un Consejo de Ministros celebrado en Sevilla ha aprobado el proyecto de Ley de Economía Sostenible que incluye las disposiciones adicionales con “normativa antipiratería”. Aunque el texto no es todavía público, desde El País ya avanzan que el Gobierno “no ha dado ni un paso atrás” y mantiene la redacción aprobada el 8 de enero a pesar de las duras críticas de Internautas, Asociaciones y más recientemente de los reparos del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

El gobierno ha mentido sin rubor cuando la Ministra de Cultura anunció una “solución que contentara a todas las partes” o el presidente del Gobierno aseguró que “No se va a cerrar nada” en Internet, “ninguna página web, ni ningún ‘blog”. Unas promesas que únicamente unos cuantos ingenuos creyeron y que ya tienen respuesta: habrá juicios rápidos y cerrojazos web con la creación del anunciado híbrido administrativo-jurídico que involucrará nada menos que a la Audiencia Nacional y obligará a modificar leyes orgánicas. Ya decíamos, que lo que hiciera falta para satisfacer a las sociedades de derechos de autor, en una censura de tapadillo sin juez real ni previo, y lo peor, sin resultado alguno: ni se va a frenar la “piratería”, ni se va a dejar de compartir archivos, ni mucho menos se van a vender más discos.

La respuesta de Internet a la aprobación no se ha hecho esperar y ha sido potente aunque nos tememos que a corto plazo tendrá el mismo resultado que las acciones anteriores. La Asociación de Internautas apunta alto, y ha acusado a Zapatero de despreciar Internet, anunciando una gran batalla en el Congreso de los Diputados. Zapatero “pagará en las urnas el absoluto desprecio que tiene por el mundo de Internet”, advierte, el presidente de la Asociación. Por ese camino enfoca su actitud Julio Alonso, creador de Weblogs y uno de los participantes en el paripé de reunión con la Ministra de Cultura que anunciaba en su Twitter: “No votaré a ningún partido que apruebe la ley Sinde en el Congreso”.

También muy dura la respuesta de asociaciones de consumidores como FACUA ante la “política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural”. Además la Asociación de Consumo comienza una campaña denominada Si es legal, es legal con un manifiesto que señala que “Ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura”, exigiendo “un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria”.

Además, populares web como Series Yonkis cerraron ayer el acceso al contenido de la página por un eslogan de protesta “Por la libertad en la Red y en contra del Cierre de Webs”. También se está redifundiendo el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet
que hemos suscrito miles de web y blogs del país, con el objetivo de inundar Internet, además de enlazar al sitio ”No al Cierre de webs”.

Todo por frenar una norma de patada en el router que supone un atentado a los derechos fundamentales y que ahora pasará a su debate en el Congreso.

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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