El Gobierno permitirá el corte de Internet al usuario y cerrará páginas web P2P (y las que quiera) sin orden judicial

El gobierno español se quita definitivamente la careta –si es que aún le quedaba algún filtro en este tema- y mete de rondón, por la puerta de atrás, nada menos que en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, unas disposiciones finales que modificando la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, permite “para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual” la suspensión (parece que con orden judicial aunque no está ni claro) del servicio de Internet a los usuarios. ¿Dónde quedará el derecho a la privacidad?

Mucho peor, será la posibilidad (cuenta con ello) del cierre de páginas web (SIN ORDEN JUDICIAL) que presuntamente vulneren derechos de autor. Para acabar de cerrar el despropósito, un organismo del Ministerio de Cultura, suponemos dirigido por la SGAE, los de la ceja y unos cuantos más que no tienen que ver con el tercer poder del estado, serán los encargados de decidir que páginas censuran y cierran. Muy, muy preocupante que un organismo administrativo (dirigido no sabemos por quien) pueda cerrar portales en Internet sin control judicial previo.

Una legislación por la que suspira la SGAE y sucedáneos a la vista que ningún juez le ha dado la razón en el cierre de las P2P y que si llega a aprobarse alguien la llevará al tribunal constitucional y veremos. Censura absurda, ilegal e inútil. ¿Qué norma sacarán mañana para cerrar páginas de Internet?

La respuesta de la Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha sido clara considerando la norma “una provocación y un ataque a los derechos fundamentales”. Víctor Domingo, presidente de la AI indicó que “los derechos de autor no son derechos fundamentales como puede ser la infancia o la seguridad” por lo que se quejó de que el Gobierno “ponga por encima” el derecho de propiedad intelectual al “derecho a la intimidad” y proponga cortar la conexión a Internet para evitar descargas ilegales. “Nos parece inaceptable de todo punto”, insistió.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, indicó a la agencia Europa Press que “en España existe el canon digital, que legaliza los intercambios de archivos entre particulares sin ánimo de lucro” y consideró que la modificación introducida en el anteproyecto para proteger el derecho de propiedad intelectual “vulnera el resto de derechos”.

Para que no faltara nadie al debate un grupo de 300 músicos acompañados de las discográficas se concentró frente al Ministerio de Industria para pedir al Gobierno una ley de la Música que luche contra las descargas ilegales en Internet que, dicen, están arruinando el sector, exigiendo que España actúe en contra de la piratería igual que ya han empezado países como Francia y Reino Unido. Mano dura.

Mal asunto, situarse tan enfrente de los usuarios que son los que descargan pero también compran discos y sobre todo van a los conciertos… Ellos sabrán si van a vender más discos promoviendo este tipo de medidas, más cercanas a intermediarios y discográficas que se lo llevan crudo, y no a sus seguidores. Además es incomprensible que un músico que se tome por tal, diga que “las descargas matarán el mundo de la música”. Hace años no había soporte alguno de grabación y existían; y llegó el cassette y algunos dijeron que se moría; y llegó el CD e igual; y así ante cualquier cambio tecnológico curiosamente algunos inventados por las mismas discográficas, léase Sony. Evolución, señores.

Con todo, lo peor, no ha sido la concentración a la que tienen todo el derecho, sino que el ministro Sebastián los recibiera a ritmo de fanfarria, como atinadamente explican desde AdslZone recordando que el ministro recibe a los autores con 2.500 firmas y no recibe a los internautas con 275.000. (Por no hablar de los 100.000 agricultores que se manifestaron el pasado fin de semana y no fueron recibidos ni por un becario)… ¿Valen más las firmas o los votos de los artistas que de los ciudadanos?, se preguntan. Bueno, depende, habrán valorado que la campaña de la ceja da más votos que los de los internautas cabreados. No hay otra explicación.

En medio de todo ello, la Ministra de Cultura, responsable de la Ley y de pegar el cerrojazo a las páginas web que considere conveniente, ”tranquilizó a los ciudadanos”, indicando que “no se va a cortar Internet a ningún usuario”. Cornudos, apaleados y encima nos toman por idiotas; no está mal para cerrar la jornada.

Jornada movidita como ves… Ya lo avisaba la comisaria europea de comunicaciones, qué razón tenía.

p.d. Si te apetece, mírate este artículo de opinión de Pepe Cervera en rtve.es, a mi juicio muy atinado en los motivos que han llevado a esta situación. “Hay que impedir que se salgan con la suya, por su propio bien”.

Actualizamos con el “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet” que recomiendan copiar y pegar a los distintos portales y blogs de Internet y que desde INQ también suscribimos:

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.