El Ministerio de Defensa quiere evitar un WikiLeaks a la española

Seguridad

Ha blindado su red de sistemas informáticos y de telecomunicaciones, atribuyéndose el derecho a monitorizar e inspeccionar los contenidos generados por sus usuarios, para impedir filtraciones.

En 2010, el Pentágono y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sufrieron la filtración de cientos de miles de documentos confidenciales en lo que pasó a la historia como el caso WikiLeaks. Ahora el Ministerio de Defensa español ha decidido reforzar la seguridad de sus bases de información para evitar posibles ataques.

De este modo, la base de 50.000 usuarios con los que cuenta la Red de Propósito General del Ministerio de Defensa, o WAN PG, tendrá que que firmar un formulario de conformidad y comprometerse a cumplir las normas de uso de la misma. Mientras que el Centro de Operaciones de Seguridad de la Información (Cosdef) se encargará de monitorizar, registrar e inspeccionar continuamente el buen funcionamiento del sistema.

Esto implica controlar todo tipo de comunicaciones, acceso a bases de datos, correo electrónico y navegación por Internet.

Tal y como informa el diario El País, se trata de un código de buenas maneras que pretende garantizar “la preservación de los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución española”, tales como la intimidad o la protección de datos personales. Pero asimismo se reserva la facultad inspeccionar el empleo de la red por parte de los usuarios militares, trabajadores civiles o personal de empresas contratadas, cuando así se considere necesario.

¿Qué significa esto? Que ningún usuario podrá quejarse o reclamar que este control implica una invasión de su intimidad, ya que los equipos informáticos puestos a su disposición por el Ministerio tienen “únicamente fines oficiales, no pudiendo ser utilizados con carácter privado”. Todo aquello que “trascienda los fines estrictamente laborales” será tipificado como “abuso”.

Por último, se explica que toda aquella información sobre el uso que se hace de las infraestructuras oficiales será archivada, “de modo que se asegure su integridad y se impida su pérdida accidental o alteración”.

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