Eliminado el artículo 17 bis del Anteproyecto de Ley de Internet

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El texto preveía la vigilancia y el bloqueo de contenidos de Internet a
instancias de las entidades de gestión de derechos y sin necesidad de orden
judicial.

Tras un enorme revuelo, acaba de desaparecer el polémico artículo 17 bis de
la reforma del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información
(LISI), que preveía la vigilancia y el bloqueo de contenidos de Internet a
instancias de las entidades de gestión de derechos y sin necesidad de orden
judicial.

Ayer
mismo, publicábamos en Silicon News
que en los próximos diez días, el
Gobierno aprobaría la reforma del Anteproyecto de LISI y del polémico artículo
17 bis, que obligaría a las operadoras de telecomunicaciones a vigilar los
contenidos que los usuarios comparten a través de la Red. En principio estaba
previsto que el texto del anteproyecto se enviara de forma inmediata al Consejo
de Ministros. Noo obstante, según fuentes de
El
Navegante
, el artículo 17 bis ha sido eliminado del texto, por lo que es
poco probable que el Gobierno pueda darle luz verde remitirlo a las Cortes esta
semana.

Varias asociaciones venían alertando ya desde hace tiempo de la posibilidad
de una censura administrativa, pues la medida expuesta en el artículo 17 bis
vulneraba la obligación constitucional del mandamiento judicial para intervenir
publicaciones o contenidos en la Red.

Desde la Asociación de Usuarios de Internet
(AUI)
, así como de la
Asociación de
Internautas
, se ha solicitado una reunión urgente con el Catsi (Consejo
Asesor Técnico para la Sociedad de la Información) para pedir al Gobierno
información sobre el texto del Anteproyecto. Para Víctor Domingo, presidente de
la Asociación de Internet, “queremos saber qué texto se baraja ahora, porque no
lo conocemos después de estos cambios”.

Ambas asociaciones también se han propuesto preguntar al Ejecutivo por el
incumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual, dado el retraso de los
Ministerios de Industria y
Cultura a la hora de fijar las cuantías del
canon por copia privada sobre dispositivos digitales, que teóricamente debió
establecerse el pasado 27 de marzo.

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