Google Buzz se enfrenta a su primera demanda

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Un centro de investigación sobre privacidad denuncia ante la FTC la invasión en los datos personales de los usuarios de Gmail del producto.

Una semana de vida y Google Buzz podría vivir ya sus primeras investigaciones federales: el producto de Google, su apuesta para frenar el empuje de las redes sociales (ha sido bautizado como Facebook o Twitter killer), no sólo ha conseguido críticas en los medios especializados, que se preguntan si no habrá llegado demasiado tarde, sino que además se ha ganado su primera denuncia.

La Electronic Privacy Information Center (EPIC), un centro de investigación público situado en Washington, ha acusado a Google Buzz ante la Federal Trade Commission (FTC) ya que, según sus investigaciones, atenta contra la ley federal estadounidense de derechos de los consumidores. 

El problema está en la opción de autofollowing que es marca del producto, ya que los usuarios acceden de forma directa a los contactos y a toda su información. El que el punto de partida sea Gmail lleva a que los consumidores se encuentren con un producto con unas características diferentes a lo que asumieron sin haberlo pedido.

“Esto es un quiebra importante en las expectativas de los consumidores en materia de privacidad“, asegura el director ejecutivo de EPIC, Marc Rotenberg. “Google no debe permitir que se incluya información personal de los usuarios en una red social sin que ellos lo hallan pedido nunca”, añade.

De hecho, la asociación denuncia que muchos usuarios probaron el servicio, para ver cómo era, y ya se han convertido en perfiles de esa red. Curiosamente, hace escasos minutos, una usuaria anónima se quejaba en Twitter de esta situación. Tras probar (y no amar) el producto pedía a Google “os quiero y quiero que os quedéis en mi ordenador, pero por favor dejad mi vida privada. Google Buzz incapacitado. Borrado. Hecho”.

Las quejas de los usuarios ya han llevado a Google a modificar el servicio, pero para EPIC no es suficiente. Desde la compañía se defienden, como recoge AP, señalando que el servicio tiene que ser activado (y por tanto aceptado) por el consumidor; ellos no imponen nada.

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