La Ley de Ciencia ante la encrucijada de la crisis

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El nuevo texto surge con la intención de fomentar la investigación como impulsora de la economía. Pero sus propuestas pueden quedarse en agua de borrajas si no traen consigo un apoyo real a la innovación y una apuesta decidida por la competitividad.

El anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado por el Gobierno el pasado viernes, viene a responder a las deficiencias de las que adolece España en materia de competitividad y a la acuciante necesidad de cambios en el modelo productivo.
Se trata de una norma llamada a sustituir a la actual Ley de Ciencia, que data de 1986, y que, según la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, nace con la intención de convertir el conocimiento en innovación para así fomentar el desarrollo social y el progreso económico.

La nueva ley tendrá un carácter netamente reformista, con el que se pretende dinamizar la economía mediante la innovación en unos momentos de verdadera incertidumbre. Una labor difícil, si consideramos que España, a pesar de haber incrementando considerablemente su gasto en I+D+i durante la última década, es uno de los países de la Unión Europea que menos invierten en innovación por habitante. De hecho, España dedica a esta materia un 1,3% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 1,8%.

Entre los objetivos que plantea el nuevo texto, está el de mejorar la situación de los investigadores a lo largo de su carrera, fomentando su movilidad y logrando antes su estabilidad profesional. De hecho, según la ministra Garmendia, “la reforma fundamental de la ley es el diseño de una carrera científica estable, predecible, basada en méritos y reconocida socialmente”.
Con esta intención, se pretende dar más derechos a los jóvenes dedicados a la investigación, gracias a la sustitución de becas por contratos temporales. La nueva ley busca instaurar también un nuevo tipo de contrato con el objetivo de retener y atraer talento científico a nuestro país.  

Apoyo a la innovación

Un aspecto fundamental de la nueva norma es la creación del Estatuto de Joven Empresa Innovadora, que tendrá como objetivo fomentar y consolidar, mediante nuevas formas de financiación, la actividad de las empresas que destinen un mínimo del 15% de su gasto a investigación y desarrollo. La creación de este nuevo estatuto se plantea como un acicate para la creación de empresas innovadoras y tecnológicas, ya que su esencia es que los investigadores sean también emprendedores.

Esta propuesta, siempre y cuando se concrete en medidas reales, puede ser muy esperanzadora para el sector tecnológico. El Estatuto de Joven Empresa Innovadora nace con la intención de que la innovación sea el arma que las empresas utilicen para aumentar su competitividad en el marco de la crisis económica.
De este modo opina la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE, María González Veracruz, que considera que “el reto que tenemos por delante es conseguir que la iniciativa privada también impulse la innovación y la tecnología”. Según González Veracruz, las empresas “tengan el tamaño que tengan”, han de apostar por la I+D+i como una herramienta de competitividad. 


El anteproyecto de ley recoge también la creación de la Agencia Estatal de Investigación, que tiene como objetivo el de lograr una gestión más eficaz de los recursos destinados a investigación y ciencia. Según la titular de Ciencia e Innovación, este nuevo organismo nace con la intención de llevar a cabo una gestión más “ágil, estable y eficiente”.

Críticas

Pero de nada sirven las mejoras en la gestión si se producen recortes en el presupuesto dedicado a investigación. Esta es una de las críticas más recurridas por parte de las voces discrepantes con la nueva ley y la actuación del Gobierno en materia de I+D+i. Según la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que representa a más de 30.000 científicos del país, durante este año se ha sufrido un recorte financiero de los recursos que llegan directamente a los investigadores en forma de ayudas, becas o subvenciones.
De hecho, los datos aportados por este organismo sitúan en un 4,1% la reducción de los recursos dedicados a investigación en comparación con el año anterior y denuncia que no se haya ejecutado el 22,4% del presupuesto, lo que supone más de 1.500 millones de euros sin utilizar.

Según la COSCE, en el nuevo texto se echa de menos una apuesta prioritaria por la calidad, la internacionalidad y la competitividad; y en palabras de su presidente, Joan Guinovart, “no va a servir para darle a la ciencia española la competitividad global que requiere”. El panorama de la ciencia se presenta, según Guinovart, “desolador”, ya que “se enfrenta a una drástica reducción de sus recursos y a una propuesta de ley que no aporta soluciones a sus verdaderos problemas”.

En el Partido Popular ya tienen previsto hacerse eco de las reivindicaciones vertidas por parte de la COSCE, pidiendo explicaciones a Cristina Garmendia por no haber ejecutado más del 20% del presupuesto correspondiente al pasado año. De hecho, el principal partido de la oposición instará a la ministra de Ciencia e Innovación a que gaste el dinero que se le ha otorgado a su departamento, en una situación en la que la apuesta por la innovación puede resultar fundamental. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, criticó la actitud del Gobierno, en su opinión contradictoria, ya que a pesar de que su intención es la de basar el futuro de la economía en la ciencia, no ejecuta el presupuesto destinado a esta materia.

El anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación nace con propuestas interesantes, pero que de nada servirán si no responden a las necesidades que la economía española exige. En una inestable situación económica, en la que se ha perdido mucha competitividad, la innovación está llamada a ser un potente acicate de la recuperación que tanto se anhela.

Dicha recuperación pasa por convertir la investigación en rentabilidad, en hacer posible que el conocimiento generado por los científicos permita el progreso económico en nuestro país. Gracias a ello se podrá incrementar la eficiencia de la I+D+i y hacer que invertir en ella resulte atractivo para el sector privado. Las empresas innovadoras y el sector tecnológico tienen mucho que decir en el futuro de la economía española, por lo que el Gobierno no puede perder la oportunidad de fomentar su productividad.

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