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El Gobierno ha decidido retirar definitivamente su proyecto para la ley de
Internet, después de que
hace
dos semanas
eliminara el controvertido artículo 17 bis, relativo a la
gestión de la propiedad intelectual en la Red, que dejaba en manos de las
entidades administradoras el poder para cerrar sitios web sospechosos de violar
estos derechos.

La decisión se tomó tras la reunión del
Consejo
Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Catsi),
que propuso a cambio una reunión con todos los actores del sector, con la
intención de llegar a un acuerdo consensuado. Para ello, se ha previsto la
creación de una mesa redonda que, durante dos meses, se encargará de discutir
las diferentes propuestas.

La medida ha sido muy bien acogida por las asociaciones de usuarios. De
hecho, para el presidente de la AUI, Miguel
Pérez Subías, el Gobierno concede ahora a internautas y consumidores la
posibilidad de participar en la redacción de la Ley de Impulso a la Sociedad de
la Información (LISI), ya que anteriormente no habían sido consultadas.

Así, Pérez Subías rechaza totalmente la propuesta anterior, que se basaba en
lo que califica como una “filosofía preventiva”, aunque deja la decisión final
en manos del Gobierno, que deberá abordar un tema “conflictivo”.

Sin embargo, la iniciativa no ha sido del agrado de todos. Concretamente, las
ocho gestoras de derechos de propiedad intelectual que estuvieron presentes en
la reunión -a la que también acudieron el sector industrial, representantes de
sindicatos y consumidores, y el secretario de estado de Telecomunicaciones,
Francisco Ros? decidieron abandonarla cuando se propuso la retirada del texto y
rechazaron participar en la futura mesa redonda.

De acuerdo con las declaraciones del presidente de
Promusicae y portavoz de estas
entidades, Antonio Guisasola, recogidas por
El
Mundo
, las gestoras han negociado durante dos años el artículo en cuestión,
por lo que ahora no modificarán su postura.

Por su parte, el director de Relaciones Corporativas de la
SGAE, Pedro Farre, acusó al
Ministerio de Industria de
falta de voluntad para sacar el proyecto adelante, así como del incumplimiento
de otras medidas contempladas en el Plan contra la Piratería aprobado hace tres
años.