Los “puedo prometer y prometo” tecnológicos del 20N

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El desfase del canon digital, la viabilidad de la ley antidescargas y la universalidad de Internet marcan la agenda TIC de los políticos españoles en tiempos de elecciones.

Tras siete años y medio, el nombramiento de tres Ministros de Cultura diferentes y la creación de la cartera de Ciencia e Innovación, José Luis Rodríguez Zapatero se despedirá de su cargo como presidente del Gobierno el próximo día 20. Y lo hará dejando en vigor dos de las leyes más polémicas de los últimos tiempos: la del canon digital, que hace un año fue declarada ilegal por la Unión Europea, y la antidescargas o “Ley Sinde”, que permite cerrar páginas web.

Su sucesor en las filas del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha prometido que de salir elegido derogará el gravamen de los soportes de almacenamiento digital y que establecerá “un nuevo modelo de protección” para compensar las pérdidas de los autores por piratería de unos contenidos que les pertenecen. ¿Cuál? No lo ha aclarado.

Como tampoco lo hacen los candidatos del PP y UPyD, Mariano Rajoy y Rosa Díez, o en todo caso sus programas electorales, que hablan en términos genéricos de promover “la adaptación del derecho de propiedad intelectual al nuevo entorno tecnológico” con “modelos de gestión y retribución más justos y equitativos” y de devolver “el control tanto a los creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías”.

Esta intención de enterrar algo que lleva “muerto desde hace meses” y “ya huele a cadáver en descomposición”, en palabras del presidente del Partido Pirata, Ángel Vázquez Hernández, aparece en las agendas de las principales formaciones. Incluso en la suya, que califica el tema de “chiste”: la  Audiencia Nacional resolvió en marzo de este año la anulación del impuesto y la de Barcelona absolvió a una tienda de informática que se rebeló contra la SGAE.

Eso sí, a la hora de proponer una alternativa viable, IU es la que concreta. Con Cayo Lara como nuevo coordinador general, establece tres puntos sobre los que se debería basar la nueva Ley de Propiedad Intelectual: creación de una entidad pública para administrar el dinero recaudado (similar a lo que plantea el PSOE), “adecuada contribución de operadores de telecomunicaciones” e industria al pago de los creadores, y reconocimiento de licencias diferentes al copyright tradicional así como la posibilidad de renunciar al cobro de los derechos.

Licencias de autor y software libres

Y es que actualmente incluso los autores deben tributar por representar sus propias obras. Además, como recuerdan desde el partido ecologista Equo de Juan López de Uralde, la libertad para adoptar licencias libres sigue sin estar reconocida, error que desean subsanar también UPyD y los “piratas” dando opción a la autogestión. A mayores, la lucha de estos últimos se encamina a superar “terminología sujeta a confusión” como es el caso de propiedad intelectual, “ya que puede anteponer intereses económicos al disfrute de la cultura por parte de los ciudadanos”.

Una novedad interesante en este sentido es la alfabetización digital en software libre, propuesta que llevan en sus programas tanto Equo como IU y UPyD, que pretenden llevar el open source a los medios informáticos de las Administraciones. Pero mientras Equo habla de “apoyo” y UpyD de “promover el uso prioritario”, IU utiliza el término “obligatorio” para evitar que “se sigan pagando costosas licencias con dinero público cuando tenemos alternativas gratuitas y mejores al alcance”.

El Partido Pirata apostilla que las herramientas desarrolladas para el sector publico deberían ser difundidas de forma gratuita “para que puedan ser copiadas, adaptadas y redistribuidas” y que la duración de una patente tendría que ser limitada y nunca renovable.  Una reforma encaminada a eliminar el modelo de patentes de software también se cuenta entre los planes de Equo por considerarlo “abstracto y arbitrario” y enemigo de la innovación, y en los de IU por perjudicar “tanto a los programadores individuales como a las pequeñas empresas”.

Por su parte, el PSOE encumbra la “promoción, financiación e internacionalización” del software de entretenimiento y los videojuegos como una de las formas de potenciar la cultura y, al mismo tiempo, generar mayor participación en el PIB y ayudar al crecimiento económico.

Objetivo común: brecha digital cero

Otro de esos motores para el cambio sería Internet en el supuesto de que se acelere su alcance y velocidad media en hogares y oficinas. Prácticamente todos los partidos sin excepción prometen ampliar la cobertura de las redes de telecomunicación de última generación, reducir los precios y cumplir con la Agenda Digital europea en términos de banda ancha antes de 2016.

Entre ellos UPyD especifica que es posible una cobertura del 100% del territorio nacional y una velocidad mínima de 10 Mbps antes de 2013; mientras que el 20% de los puntos de conexión  disfrutaría de 100 Mbps a finales de la legislatura. También detalla que la financiación sería pública en “las zonas menos rentables para la inversión privada”, recurriendo a medios libres de cargas tributarias como el denominado “dividendo digital” o rescindiendo a las operadoras su deber de contribuir al mantenimiento de RTVE.

Éstas, a cambio, deberían garantizar una información “transparente, exacta, inteligible, objetiva y completa” de sus servicios. Para asegurarse de que cumplen con lo firmado, el PP quiere promover una carta europea de derechos de los usuarios y el PSOE aboga por la libre competencia “endureciendo” la exigencia de calidad. La ex-socialista Rosa Díez apunta métodos como la publicación de resultados “a través de un enlace oficial en Internet” o la recogida de peticiones en un “punto de acceso ciudadano”. Y a Juantxo López le gustaría establecer nuevas reglas para la privacidad, el libre intercambio y la neutralidad en la red, punto este último de obligado cumplimiento para los miembros del Partido Pirata.

IU da un paso más allá y solicita que el acceso a Internet, en tanto que derecho universal, sea gratuito. Esta gratuidad abarcaría en un principio hasta los 10 Mbps, priorizaría a “los territorios y capas sociales más desfavorecidos” y vendría acompañada, entre otras cosas, por cursos de informática, una red de aulas de libre acceso en todos los ayuntamientos y créditos a largo plazo sin intereses para la compra de ordenadores.

Otro modelo sustitutivo es el que promueve Equo: Wi-Fi libre, con conexiones dependientes de organismos públicos y acceso garantizado incluso en situaciones críticas. En este caso, la formación gratuita en nuevas tecnologías procedería de la reorientación de aquellas subvenciones que actualmente se conceden para la compra de equipos informáticos.

Sea como sea, la necesidad de poner punto y final a la brecha digital se refleja en los programas de socialistas y populares, aunque especialmente este último pasa de puntillas sobre el tema.

“Ley Sinde”, ¿sí o no?

El consenso se produce también a la hora de impulsar la futura Administración Electrónica. PSOE y UPyD hacen referencia al teletrabajo y a la reducción del IVA de los libros electrónicos hasta el 4%. Mientras los de Rubalcaba proponen una Agenda España 2.0, los de Díez abogan por el voto electrónico y por despolitizar el nombramiento del CMT; IU recomienda la participación interactiva, al tiempo que apoya el uso de la firma digital e iniciativas al más puro estilo Proyecto Gutenberg; y Equo defiende el reciclaje informático, la creación de la etiqueta de “ordenador verde” y el aumento de la garantía de los equipos a 6 años.

Pero, al margen de la lista de innumerables mejoras con las que entrar (o despegar) de lleno en la Sociedad de la Información, uno de los puntos fuertes de esta campaña versa sobre la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Aprobada en febrero gracias a los votos de PSOE, PP y CiU, el equipo de Rubalcaba no se atreve a mentarla y el PP es consecuente con su decisión, dice oponerse “de forma tajante” a cualquier intervención que no venga avalada por una orden judicial y solicita más medios para que “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fiscales y jueces” puedan combatir los delitos informáticos. Su opinión es clara: “no todo en Internet tiene que ser gratuito”.

Muy distinta es la postura de sus contrincantes. Desde “la descriminalización del intercambio de archivos sin ánimo de lucro” del Partido Pirata y Equo a la “derogación de la llamada Ley Sinde y de los monopolios de las Sociedades de Gestión Colectiva de derechos de autor” de UPyD e IU, el rechazo al modelo vigente es patente. De momento la SGAE se encuentra en horas bajas, castigada con investigaciones policiales a varios de sus directivos, pero el objetivo “ley antidescargas” será difícil de derribar teniendo en cuenta que los dos partidos mayoritarios todavía la apoyan.

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