Microsoft y el CNI incrementan su alianza en ciberseguridad

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La empresa de Redmond ha firmado la ampliación del acuerdo de colaboración que tenía con el Centro Nacional de Inteligencia.

Microsoft y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han dado el visto bueno a un convenio que amplía el compromiso que tienen vigente desde hace más de 10 años, a través del cual esperan seguir trabajando para mejorar la investigación en ciberseguridad.

El objetivo de la alianza es prevenir y dar respuesta a incidentes que puedan afectar a la seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El acuerdo, que ha sido firmado por Félix Sanz Roldán, secretario de Estado director del CNI y Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, implica la continuidad del CNI en el Programa de Seguridad para Gobiernos (Government Security Program, GSP), que recientemente ha actualizado Microsoft.

En ese apartado, las entidades gubernamentales adheridas al Programa, como el CNI, tendrán acceso online al código fuente de más productos de Microsoft, como Windows, Windows Server, Office, Lync o SharePoint,

Asimismo, en virtud del acuerdo, el CNI también podrá revisar toda la información técnica sobre productos Microsoft que precise para mejorar la defensa ante ciberataques y vulnerabilidades que pongan en peligro la seguridad ciudadana.

Además, se seguirá trabajando para crear medidas que garanticen la protección de la información y de los servicios electrónicos, de forma que los ciudadanos y las Administraciones Públicas puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes a través de estos medios con total confianza.

Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, ha indicado que “la ampliación de nuestro acuerdo con el CNI, demuestra nuestro compromiso con la transparencia y es básica para asegurar una mayor protección de los sistemas y los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”.

Por su parte, Félix Sanz Roldán, secretario de Estado director del CNI, ha comentado que “con este acuerdo, avanzamos un paso más en la adecuación de las Administraciones Públicas a los requisitos de seguridad que las nuevas tecnologías demandan”.

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