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La Organización de Consumidores y Usuarios ha investigado lo que ocurre con los aparatos electrónicos que se reciclan añadiendo a cada uno de ellos un GPS para llevar a cabo su seguimiento.

La Asociación ha denunciado la dificultad para los consumidores para deshacerse del producto, la cantidad de lugares no autorizados en los que se manipulan los productos, el poco control a la hora de despedazar los dispositivos y el poco compromiso político.

Como dato curioso, el estudio informa que entre los electrodomésticos que finalmente llegaron a una planta de reciclaje autorizada, uno de ellos recorrió hasta 496 kilómetros a pesar de que había una a tan sólo 60 km de su origen.

Califica de culpables por igual a los fabricantes, vendedores, autoridades y puntos limpios. Según la Organización, la mayoría de fabricantes cargan en el precio de los aparatos el coste estimado de reciclarlos, algo que posteriormente no llevan a cabo.

Los vendedores deberían encargarse de llevarlos a un punto limpio, a pesar de esto, son muchos los que evitan asumir esta responsabilidad. También se denuncia la poca accesibilidad e información sobre puntos limpios y se da un tirón de orejas a las autoridades que “no ejercen el control efectivo sobre la calidad de la gestión” de los residuos.

Los principales perjudicados son los consumidores, que tienen que pagar más por el aparato y además, llevarlo en muchas ocasiones, al punto limpio. Quienes se benefician son principalmente los fabricantes.

La OCU denuncia que a pesar de que se financia el reciclaje de todos los aparatos, apenas se recicla un 20% de los mismos. Piden que haya un estudio exhaustivo que controle esta situación, que se informe al consumidor sobre los ingresos del fabricante y el porcentaje destinado a su reciclaje, la profesionalización de la gestión de residuos y más compromiso político.