Nueva ofensiva para regular las descargas ‘online’

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EE UU, Francia y la UE han presentado recientemente nuevas propuestas para restringir el intercambio de contenidos con copyright por Internet.

El debate sobre el control de la piratería en Internet vuelve a abrirse. Es un problema difícil de combatir, ya que entran en competencia tanto la propiedad intelectual de los autores como los derechos individuales de los usuarios de la Red.
Mientras los primeros reclaman su condición de propietarios de las obras y la obtención de los beneficios derivados, los usuarios piden la libre descarga de material para uso privado argumentando que se hace sin ánimo de lucro. Si nos fijamos en las legislaciones de los distintos países vemos que se abre un amplio abanico, algunas, como el caso de Estados Unidos, son muy restrictivas en este sentido.
En este país ha aparecido recientemente una nueva medida para la lucha contra la piratería: el control del tráfico de información a través de las redes de los proveedores. Este método consiste en que las empresas proveedoras de servicios de Internet puedan acceder a la información contenida en los paquetes de datos que circulan por sus redes para comprobar si está sujeta a algún tipo de protección de derechos de copia.
Desde el punto de vista de los proveedores de servicios, este nuevo método supone disponer de la tecnología necesaria para llevar a cabo la tarea de la forma más eficiente y con las máximas garantías para preservar la intimidad del usuario posibles.
Las asociaciones estadounidenses de derechos civiles en Internet, también avisan de que mediante estos métodos se puede poner freno a usos de material que efectivamente puede estar bajo derechos de copia, pero que puede ser usado para fines no lucrativos como la parodia, por ejemplo, una labor que según estas asociaciones enriquece nuestra cultura.

Este tipo de métodos igualmente comprometen la intimidad de los internautas, ya que fácilmente aparecen efectos colaterales tras estas medidas, como la obtención de datos sensibles de los usuarios que pueden ser utilizados con fines comerciales: en qué sitios de Internet se realizan compras, con qué programas y de qué manera se comunica con otros usuarios, de qué entidades bancarias es cliente cada usuario, etc.

En Europa también hay una fuerte actividad para intentar regular este creciente volumen de descargas ilegales. En Francia, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo entre los proveedores de servicios, el gobierno y los propietarios de derechos, por el cual los primeros podrán suspender el acceso a Internet a los usuarios si detectan que éstos llevan a cabo descargas ilegales de material protegido.
Esto se llevará a cabo primero avisando a los interesados mediante mensajes de que están realizando descargas ilegales, para después proceder al corte del suministro si la actividad del usuario persiste. Todo este proceso sería supervisado por un juez.
Con respecto a la legislación comunitaria, la Unión Europea pretende lanzar este año una serie de medidas que afecten a todos los sectores involucrados, con el objetivo final de crear un mercado único de música, películas y juegos accesibles a través de Internet o por teléfono móvil. De esta forma se pretende ayudar al crecimiento de este sector al mismo tiempo que se protegen los derechos de propiedad intelectual.

A pesar de estos esfuerzos, la tarea será complicada teniendo en cuenta la diversidad de legislaciones existentes en cada uno de los estados miembros y las diferentes medidas que se han ido tomando o que se han planeado tomar.

En España los propietarios de derechos y sociedades de autores se quejan de que existe una de las legislaciones más débiles del entorno. Las descargas de material no están consideradas como delito siempre y cuando el usuario que realiza estas descargas lo haga sin ánimo de lucro. Un argumento que aducen los partidarios de una legislación más restrictiva es que España ocupa el primer lugar en Europa y en el mundo en descargas por Internet. El 58 por ciento de los usuarios españoles descargan música y el 52 por ciento películas. La media europea se sitúa en el 37 y 20 por ciento, respectivamente, según un estudio de 2007 de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA).
Las empresas que operan el tráfico de Internet no entran en la disputa que mantienen usuarios y poseedores de los derechos de autor. El presidente de la patronal Asimelec, Martín Pérez, asegura que “en España no hay una legislación clara en esta materia por lo tanto las operadoras no pueden controlar el tráfico en la Red sin tener un amparo legal”. Niega por tanto que en estos momentos pueda abrirse un debate en España sobre este tema. Añade que las operadoras cumplirán la ley que esté vigente en cada momento.
El problema de la piratería en Internet y las descargas ilegales es un tema que cada vez cobra más importancia pero cuya solución no parece sencilla. Habrán de ser todos los actores implicados los que se sienten a redactar un acuerdo por el que los propietarios de los derechos puedan obtener beneficios, los usuarios no vean comprometida su intimidad y las operadoras no se encuentren fuera del marco legal ni ante el peligro de pérdida de clientes.

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