Sombras de la ley francesa antipiratería

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Hadopi ha pasado la Asamblea y el Senado, pero aún quedan muchos puntos oscuros, prácticos y políticos, por desentrañar en la norma.

Aprobada por la Asamblea Nacional y tras pasar el filtro último del Senado, la ley francesa antipiratería se ha convertido en la primera norma de gran rigidez europea de lucha contra la descarga ilegal.
Recién aprobada, es necesario acercarse a sus luces y sombras, sobre todo a sus sombras. La normativa cuenta con varios puntos poco claros, a pesar de que en octubre se prevé que se ponga en marcha su principio de respuesta graduada.
Las zonas de oscuridad empiezan en la medida en la que la ley anuncia que otorga al internauta la vigilancia de su conexión. En caso de utilización de un acceso WiFi por un tercero, el titular de la línea será el único afectado por las sanciones: Un riesgo que Christine Albanel, la ministra de Cultura, espera reducir con un software de seguridad, de pago y que debería permitir escapar a las sanciones.
En este punto, también surgen dudas sobre su eficacia, porque su interoperabilidad, es decir la posibilidad de instalarlo sea cual sea el SO, no está garantizada. En cuanto a la instalación del software de control, queda por comprobar que esté al alcance de todo el mundo. De todos modos, esta aplicación, instalada en los PC de los usuarios, sería inútil si se piratea el modem del proveedor de acceso.
Otra cuestión: en caso de corte, el abonado será privado de acceso a su conexión pero no de otros servicios asociados al contrato firmado con su proveedor. Un abonado con oferta Triple-Play (Internet, telefonía, TV) conservará todos los servicios, menos Internet. Deberá ponerse en marcha un sistema técnicamente muy complejo, que ya es comentado entre los operadores.
Otro debate crucial sobre la futura aplicación de la ley es la de la dirección IP. Llamada a ser el vínculo desde el que el Hadopi (la máxima autoridad de la red, que ha dado nombre a la norma) encontrará a los infractores, ha sido cuestionado en materia de eficacia.
Existen ya y en la actualidad ofertas de IP públicas y otras de privadas. Así, un internauta o una empresa tiene, por tanto, una sola dirección IP pública, otorgada por la operadora, y muchas privadas, situadas tras el router para organizas las conexiones de la red. Este principio se utiliza para solucionar el problema de direcciones IP disponibles inherente al protocolo IPv4. En caso de infracción, será por tanto complicado determinar que puesto de red es el responsable de las descargas delictivas.
Europa y ley
Todavía hay incertidumbres que pesan sobre el futuro de la ley Hadopi. El Europarlamento ha votado la enmienda 138/46, llamada Bono, del paquete telecom. Así, la web se convierte en un derecho fundamental que debe, en caso de sanción, recibir el aval de un juez. Esto choca frontalmente con lo que acaba de aprobarse en Francia.
La ley francesa podría caducar, por tanto, por las disposiciones europeas. De forma consecuente, parece complicado que una ley nacional pueda ir en contra de las medidas conjuntas europeas. Albanel lo ha lamentado, durante las cuestiones al Gobierno, tachándolo de una “medida política del Partido Socialista con la intención de desastibilizar el debate en Francia” y recordando, en varias ocasiones, que Internet no es un derecho fundamental.
Quedan también varios puntos a desentrañar en el affaire Bourreau-Gugenheim. El protagonista, un webmaster, ha denunciado a su antiguo empleador, TF1, acusándolo de haber condicionado su continuidad a su posición sobre la medida.
Una información de Silicon News Francia

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