Delivery Hero (Glovo) anticipa posibles sanciones de hasta 400 millones por su modelo de autónomos

La firma alemana Delivery Hero, propietaria de la popular plataforma de reparto Glovo, se encuentra en un escenario delicado ante la posibilidad de enfrentar sanciones financieras sustanciales debido a su modelo laboral basado en autónomos. El Gobierno español ha iniciado una investigación en relación con esta modalidad de relacione laborales y las cifras que se manejan para las posibles sanciones oscilan entre los 200 y los 400 millones de euros.

A pesar de la aprobación de la Ley Rider, que busca establecer regulaciones más estrictas en relación con la clasificación laboral de los repartidores, Delivery Hero ha mantenido su enfoque en mantener a los repartidores como autónomos. La empresa ha sostenido que la legislación actual permite operar bajo este esquema, sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha intensificado sus esfuerzos para evaluar y regularizar el modelo de negocio de la compañía.

En un contexto en el que la tensión entre el Gobierno y la empresa ha aumentado, el secretario de Estado de Empleo en funciones ha revelado que se ha transmitido un ultimátum a Delivery Hero antes de considerar acciones legales más severas, incluyendo posibles implicaciones penales para los directivos de la empresa. Esta escalada en la disputa se suma a un clima de incertidumbre para la empresa en términos legales y financieros.

Previsión de depósitos

El último informe financiero de Delivery Hero ha reconocido la posibilidad de apelar las decisiones que surjan de este proceso investigativo y los posibles requerimientos de regularización laboral. Sin embargo la empresa también reconoce la probabilidad de que, durante el curso de los litigios, los tribunales exijan depósitos bancarios como parte del proceso legal. Esta medida podría afectar la liquidez de la empresa en un contexto donde ya enfrenta pérdidas significativas.

Uno de los escenarios que la empresa podría enfrentar es la reevaluación del estatus laboral de sus repartidores, pasando de autónomos a empleados. Esta transformación conllevaría un pago retroactivo de contribuciones a la seguridad social, así como intereses y multas asociadas. Una perspectiva de esta naturaleza plantea retos considerables para la viabilidad financiera de la empresa, especialmente considerando que en el año 2022 las pérdidas reportadas alcanzaron los 400 millones de euros.

La interacción entre la regulación laboral y los modelos empresariales de las plataformas de entrega y reparto ha sido objeto de debate en múltiples jurisdicciones. A medida que los gobiernos buscan asegurar condiciones justas y derechos laborales para los trabajadores de estas plataformas, las empresas deben enfrentar el desafío de adaptarse a las nuevas regulaciones sin comprometer su rentabilidad y sostenibilidad financiera.