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Bolivia aplicó varias multas por valor de 3,6 millones de dólares (2,6
millones de euros) a la compañía de telecomunicaciones
Entel, cuyo 50% pertenece a
Telecom Italia, y que
el Gobierno del izquierdista Evo Morales pretende nacionalizar, según informó el
domingo un periódico local.

El diario
La
Razón
citó un comunicado de prensa del Regulador de Telecomunicaciones
Boliviano, SITTEL, donde informaba que Entel había recibido varias multas por no
proporcionar un servicio de calidad en áreas rurales y por no cumplir sus
objetivos de crecimiento.

A principios de abril, el presidente Morales firmó un decreto que ordenaba a
Telecom Italia a negociar la venta de parte o de todo el 50% de las acciones de
Entel que posee al Estado boliviano.

Tras una serie de encuentros entre ambas partes en la capital administrativa
de Bolivia, La Paz, las conversaciones quedaron en un punto muerto a finales de
abril, cuando el Gobierno rechazó la solicitud de la compañía italiana de
realizar las conversaciones en otro país. Esto por que Telecom Italia se había
quejado de la intromisión de los medios bolivianos.

En una declaración dada a conocer a finales de abril, Telecom Italia dijo que
evaluaría todas las iniciativas destinadas a salvaguardar su inversión en Entel
Bolivia.

Entel es de lejos la mayor compañía de telecomunicaciones del país andino, ya
que concentra un 80% de participación en el mercado de larga distancia y un 70%
en la telefonía móvil.

Después de nacionalizar el año pasado el sector energético, Morales se
propuso devolver a manos estatales una serie de compañías adquiridas en la
década de 1990 por empresas extranjeras, entre ellas tres compañías eléctricas y
dos de ferrocarriles.

Bolivia entregó el 50% de las acciones y el control operativo de Entel a
Telecom Italia en 1996, a cambio de un acuerdo para doblar el valor de la
compañía, mediante la inversión de 610 millones de dólares para modernizar la
atrasada red de telecomunicaciones del país.

Telecom Italia dice que ha invertido 720 millones de dólares, pero el
Gobierno ha acusado a la compañía de no cumplir con sus obligaciones de
inversión y de evadir unos 25 millones de dólares en impuestos.