Esta información viene a complementar la que supimos hace algunas semanas gracias a los documentos de WikiLeaks que demostraban que la ley anti descargas española era uno de los puntos fundamentales en la agenda de EE.UU para España.
Lo que no sabíamos es que el Gobierno español había pedido ayuda a los embajadores de Estados Unidos para presionar a los demás partidos y sacar esta ley adelante como demuestran las reuniones que mantuvieron con los embajadores la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el ministro de Industria, Miguel Sebastián y el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros.
Según los cables de WikiLeaks, “pidieron ayuda al Gobierno de EE UU no solo con el PP, sino también con dos partidos más pequeños cuyos votos podrían afectar al resultado” (CIU y PNV).
En una de estas reuniones, Sinde dice que “sería ideal si los proveedores de contenidos y las ISPs pudieran alcanzar acuerdos sobre medidas para luchar contra la piratería tal y como ha ocurrido en EE UU, pero que las ISPs, con Telefónica a la cabeza, no parecían desearlo”.
En otro de estos encuentros, Miguel Sebastián trata de explicar a los representantes de Estados Unidos en España que “muchos españoles piensan que el canon digital les da derecho a descargarse todo lo que quieran”.
Los cables también demuestran la preocupación ante la “deriva” del PP en este asunto y que miembros de la Coalición de Creadores pidieron a los embajadores que recordaran al PP “su interés ideológico en la protección de la propiedad privada y su fuerte vínculo con Estados Unidos”.
Hay mucha más información reveladora en estos cables, como que la propia industria cultural española presionó para que EE.UU incluyera a España en su “lista negra”.
Y todo esto a escasas horas de que la Ley Sinde pase por la Comisión de Economía y con la fuerte oposición de los ciberactivistas, que ayer tumbaron varias webs en señal de protesta.
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