El Parlamento Europeo ha dicho no al tratado antipiratería ACTA, siete meses después de que 22 países europeos firmaran la proto-ley, España incluida.
Las protestas en las calles y en la red, e incluso dentro del propio organismo –con la dimisión de un eurodiputado- han tenido más peso, finalmente. 478 votos en contra frente a 39 a favor.
El ACTA fue modificándose en virtud de las quejas. En un principio se proponía que los operadores tuvieran el poder de cortar la conexión a internet de los usuarios que siguieran descargándose contenidos tras dos advertencias. Esta parte fue eliminada.
La aplicación de penas criminales por piratería con finalidad comercial y su extensión a aquellos que ayudasen en estas infracciones, ha sido otro de los puntos más polémicos. Comprometía de forma directa a proveedores de internet.
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