La sentencia del Tribunal de Justica de la UE (TJUE) favorable al ‘derecho al olvido‘ está trayendo cola y quebraderos de cabeza a Google.
El principal problema: examinar cada caso de forma particular para determinar si la persona tiene derecho a que la información sobre ella deje de estar vinculada en los resultados de búsqueda o si prima el derecho a la información.
Google ha creado un consejo asesor de expertos independientes para evaluar estas cuestiones y emitir un informe de recomendaciones para hacer frente a la avalancha de peticiones que está recibiendo, pero el procedimiento está resultando muy difícil.
El director legal de la compañía, David Drummond, ha explicado por qué la empresa no está de acuerdo con el reciente fallo de la UE, tal y como ha explicado en una columna en The Guardian.
Drummond ha explicado los problemas del gigante de las búsquedas con la sentencia, que afirma que está en contradicción con la libertad de expresión recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El lenguaje utilizado en la sentencia da pie a la eliminación de resultados tras “pruebas muy vagas y subjetivas” acerca de si la información es de interés público y es Google quien tiene que considerar ese interés público.
El director legal ha afirmado que el gigante de Internet ha recibido más de 70.000 solicitudes de borrado de enlaces desde mayo, que abarca 250.000 páginas web, con ejemplos de solicitudes como críticas a políticos o al ejercicio profesional de arquitectos o maestros, entre otras profesiones.
Google ya ha tenido que reintegrar resultados que había eliminado.
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