El PSOE aceptó las demandas del partido de la oposición, que exigía que el texto incluyera más garantías judiciales en el proceso, y al parecer, con los cambios pactados el juez no sólo intervendrá para decretar el cierre de una web, si no que autorizará las investigaciones desde la primera fase del proceso.
Por desgracia, el órgano competente para intervenir en el proceso, una vez haya recibido la autorización judicial para ello, sigue siendo la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, lo que parece pondría en serias dudas la independencia de cualquier proceso.
Además, el Gobierno ha accedido a las pretensiones del PP en el canon digital, el otro punto de discordia, que según parece se adaptará a la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el plazo máximo de tres meses.
Al conocerse la noticia han empezado a surgir las reacciones de protesta en Twitter, y es muy probable que antes de la fecha de votación final en el Senado, prevista para el próximo 9 de febrero, se lleven a cabo acciones colectivas para reprobar la ley Sinde.
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