La Policía Nacional desmantela en Toledo una granja ilegal de minado de criptomonedas

Efectivos de la Policía nacional han procedido al desmantelamiento de una instalación de minado de criptomonedas ubicada en un chalet de la localidad de Yeles (Toledo). La “granja” estaba conectada de manera irregular a la red eléctrica, por lo que se acusa a la mujer detenida e identificada como responsable de un delito de fraude de fluido eléctrico con el que se evitaba afrontar el pago por el elevado consumo de energía que requieren estas instalaciones.

Según ha informado a través de un comunicado la Policía Nacional, esta granja de criptomonedas contaba con más de un centenar de procesadores, conectados a equipos auxiliares de refrigeración con los que paliar las elevadas temperaturas que se generan en estas instalaciones, además de un extractor de humos.

La investigación se inició al detectarse un elevado y anómalo consumo de energía, combinado con unas emisiones térmicas procedentes del chalet inusuales para un domicilio familiar. Cuando los agentes de la Policía procedieron al registro de la vivienda encontraron la granja de criptomonedas, aunque las sospechas iniciales iban encaminadas a una posible plantación ilegal de marihuana, por la semejanza en los indicios.

Minar monedas virtuales

El proceso de generación de criptomonedas se conoce como “minado” o “minería” y se asocia con complejas operaciones que deben resolver potentes procesadores, con lo que el requerimiento de energía es muy elevado, generándose también elevadas temperaturas. Debido al elevado consumo de energía eléctrica y el coste asociado la rentabilidad depende de que el precio de la energía eléctrica consumida sea lo más bajo posible o, como en este caso, no se pague por ella, dado que en la vivienda objeto de la operación policial se ha encontrado una conexión ilegal a la red de baja tensión efectuada a través de una acometida trifásica.

Este tipo de delito lleva aparejada una pena de multa de entre 3 y 12 meses si la cantidad defraudada supera los 400 euros, en cuyo caso la multa sería solamente de 1 a 3 meses.

Ahora la investigación policial continúa, tratado de averiguar si, adicionalmente, existe alguna conexión con otras conductas ilegales tales como blanqueo de capitales o delitos tecnológicos, debido a la frecuente utilización de las criptomonedas en pagos por actividades ilegales, debido a la dificultad de rastrear las monedas digitales.