El gobierno catalán ha decidido que antes del verano pondrá en marcha una tasa especial por la que cobrará 0,25 euros mensuales por cada línea de internet que haya sido contratada en su territorio.
Ferrán Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat, ha indicado que con esa tasa recaudarán 20,5 millones de euros que dedicarán a financiar el sector audiovisual catalán y fomentar el acceso a internet en los centros culturales.
Además, en la normativa se asegura que las operadoras no podrán repercutir esa tasa en el precio que pagan los usuarios, ya que esa conducta será motivo de sanción.
En la industria tecnológica la medida catalana no ha tenido una buena acogida y desde AMETIC, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, han anunciado que emprenderán acciones legales para su anulación, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.
Asimismo, en AMETIC añaden que las operadoras de servicios de acceso a internet que tienen negocio en Cataluña consideran que la medida les obliga a incurrir en unos costes innecesarios, y creen que “no tiene nada que ver con la prestación de servicios en condiciones económicas rentables”.
En ese sentido, apuntan que “continuar incrementando cargas en el sector puede conducir a desincentivar la inversión para el despliegue de las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad”.
Por último, denuncian que “medidas como la anunciada por la Generalitat son contrarias al espíritu del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de la economía digital”.
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