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Herederos del spam que a diario inundan nuestro buzón de correo electrónico, pueden causar estragos económicos a quienes contestan a los mismos, en la mayoría de los casos no solo con publicidad basura si no fraudulenta.

Una orden ministerial que obligará a los prestadores del servicio – aunque no a las operadoras – a cumplir un estricto código de conducta, que en caso de incumplimiento podrán ser cancelados por motivos “de interés general” o “utilidad pública”.

Los números pasarán a tener cinco o seis cifras —no cuatro, como ahora—, para que sean fácilmente identificados como ocurre con los servicios de tarificación adicional en la telefonía fija. Se sustituirá la numeración actual por otra que deberá ser asignada.

Los proveedores que tendrán la obligación de informar a los usuarios de los precios de los servicios, tendrán que remitir al regulador información semestral del uso dado a los números asignados y los servicios SMS Premium estarán obligados a someterse al control de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Especial.

A pesar de que la orden ministerial empezó a tramitarse en el mes de abril, todavía no ha visto la luz aunque su desarrollo se encuentra en la recta final.

Unas leyes que deben parar los desmanes de los proveedores – con el beneplácito de las operadoras – que cuentan con cientos de denuncias en un sector que mueve 1600 millones de euros anuales.

vINQulos
El Mundo