Lo que ha dado de si la Operación Saga

“Esto de que no se sabe qué hacemos con el dinero es una leyenda urbana”. Eran declaraciones de Eduardo Bautista, el presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores (SGAE), más conocido por su nombre artístico de juventud, Teddy Bautista. Lo señalaba durante un desayuno con medios de comunicación y altos cargos del sector, en el Foro Nueva Economía, el pasado enero. Son declaraciones que a la luz de los acontecimientos se han vuelto paradójicas y que, junto con otras similares, han echado leña a la quema pública que estos días ha tenido a Bautista como protagonista.

El hombre que acusaba a los internautas de ladrones, que señalaba a la piratería como una de las mayores quiebras del Estado de Derecho y que defendía a capa y espada la no muy popular Ley Sinde se convirtió en uno de los personajes públicos más impopulares del país y, tras el registro en la SGAE del pasado viernes y su posterior pase a disposición judicial, en el protagonista de uno de los giros de trama más sorprendentes de los últimos tiempos: ‘justicia poética’ fue la construcción favorita de los internautas durante estos días. La operación Saga empezaba a golpe de viernes y se convertía en la sorpresa del verano.

A pesar de la presunción de inocencia -la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, así lo recordaba – Bautista ha ardido en la pira pública. Su entorno señala que el director de la SGAE está “destrozado”. “La gente de la SGAE está muy asustada”, explicaban este fin de semana a El Economista fuentes cercanas al directivo. “Teddy, muy probablemente no tenga nada que ver con esta trama”, añadían estas mismas fuentes al diario económico, “porque no es la SGAE, es la SDAE, una ramificación dirigida por Rodríguez Neri”.

La trama que ha desembocado en la Operación Saga y en la detención más sorprendente del verano empieza, al menos para el público, hace ya casi cuatro años. El entonces casi recién nacido diario Público publicaba un reportaje sobre el complejo entramado societario de la SGAE. La entidad no podía (ni puede) por ley tener ánimo de lucro, aunque una red de sociedades asociada a la Sociedad de Autores, según denunciaba el diario, sí lo estaban haciendo. El reportaje recuperaba datos del registro mercantil demostrando que las sociedades participadas por la SGAE, y que muchas veces únicamente tenían a la sociedad de autores como fuente de facturación, no sólo eran sociedades limitadas (que buscan lucrarse) sino que además compartían directivos y domicilio fiscal con la propia SGAE.

El reportaje de Público fue una especie de pistoletazo de salida. Otros reportajes en prensa siguieron esa senda, mientras la presión de la SGAE por el pago de las cantidades relacionadas con derechos de autor sobre empresas y particulares crecía. Fueron los años de los investigadores de la SGAE colándose en bodas para demostrar que los novios bailaban al son de música que no pagaba derechos de autor. Fueron los años de denuncias contra aficionados que no pagaban los derechos de representación de obras de teatro clásicas. Fueron, también, los años del canon digital y del trabajo en la Ley Sinde.