Microsoft pide que “los derechos fundamentales sean igual en el mundo analógico y digital”

En 2013 las autoridades de Estados Unidos solicitaron a Microsoft el contenido de unos correos electrónicos. La compañía rehusó entregarlos, alegando que esos datos se encontraban almacenados en un centro de datos de Irlanda y que por lo tanto era necesario recurrir a la cooperación judicial internacional. Sin embargo, el juez estadounidense consideró la respuesta de Microsoft como desacato. El siguiente paso de los abogados de la empresa fue impugnar esa orden judicial.

Después de que la Corte de Apelaciones concediera la moción de Microsoft para anular la orden, el Tribunal Supremo de EEUU ha accedido a revisar el caso, comprometiéndose a dar una respuesta final en junio de 2018. Hasta entonces, ambas partes, podrán presentar informes que ayuden al Tribunal a comprender mejor el caso y sus implicaciones.

Desde el gigante tecnológico recalcan la importancia de este caso y su futura resolución para abrir un necesario debate sobre la aplicación de leyes nacionales como las de Estados Unidos en datos de ciudadanos europeos y viceversa. “Los derechos fundamentales deben ser los mismos en el mundo digital y el analógico” explicó Gabriel López, Director de Asuntos Gubernamentales de Microsoft Ibérica en su encuentro con los medios.

El avance de tecnologías como el Big Data ha creado un mundo hiperconectado que requiere de una legislación más moderna y adaptada a las nuevas circunstancias, que aclare dudas como ¿quién es el propietario de los datos, el usuario o la plataforma? o ¿las leyes de qué país deben primar a la hora de proteger esos datos?

Las autoridades europeas han abarcado el problema, pero de una manera muy sutil. El RGPD implica que cualquier compañía en cualquier lugar del mundo con acceso a los datos personales de un ciudadano de la Unión Europea, independientemente de si la organización tiene presencia o no en los países comunitarios, debe cumplir con esta nueva legislación.

Microsoft asegura que seguirá impugnando peticiones del gobierno de EEUU, “si es necesario”. De momento han anunciado que, tras el cambio de normativa por parte del Departamento de Justicia, retirarán otra demanda que habían presentado en abril de 2016 contra una solicitud de la Administración que les impedía informar a los clientes del acceso de las agencias federales a sus datos.