El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha hecho pública las bases de una nueva convocatoria de compra pública innovadora, programa integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los fondos Next Generation
A través de esta iniciativa el INCIBE, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital mediante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, está poniendo en práctica un modelo de desarrollo industrial que sirve como impulso para la innovación y la competitividad.
Se trata de que mediante políticas públicas se emplee la demanda de productos, servicios y suministros como instrumento para hacerlos realidad y facilitárselos a las entidades compradoras en una inversión sin precedentes, en este caso, en el ámbito de la industria de ciberseguridad, puesto que el presupuesto que se maneja es de 137,2 millones de euros. Esta cantidad, sumada a la de la primera convocatoria que se publicó en julio suman 224 millones en el total destinado a la Copra Pública Innovadora.
El INCIBE apuesta así por impulsar la innovación en “ciberseguridad en sociedad, pymes y sectores estratégicos, creando soluciones competitivas de ciberseguridad y desarrollando una política de innovación dirigida a fortalecer las capacidades de la industria”.
Mediante esta iniciativa el INCIBE participa en la coinversión en proyectos I+D+i orientados a generar soluciones de ciberseguridad articulados a través de 30 retos o necesidades de alto potencial, cada uno de los cuales se corresponde con distintas necesidades en materia de ciberseguridad que en la actualidad no quedan cubiertas por el propio mercado a pesar de la existencia de una alta demanda por parte de la industria.
De fondo, la iniciativa establece cuatro objetivos esenciales:
Las entidades y empresas interesadas en participar en esta convocatoria pueden enviar sus proyectos durante 60 días hábiles a partir de la publicación del documento regulador.
Los proyectos deben tener un presupuesto para la inversión de entre 300.000 euros y 1,5 millones de euros, debiendo ser cubierto por un mínimo de dos contratistas con ofertas y proyectos independientes entre sí, con lo que se trata de asegurar la competencia.
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