Hasta ahora una respuesta semejante, pero con armas, se podría tener por acto de guerra y como tal requiere según la legislación estadounidense que sea el propio Congreso quien mediante votación aprueba conferir al Presidente de los Estados Unidos la potestad para ordenar dichos ataques mediante declaración de guerra contra el enemigo. Pero de entre las muchas cosas que ha cambiado el mundo 2.0 una de ellas es esta.
Desde ahora cuando los adversarios efectúen ataques de naturaleza informática contra intereses nacionales o si el Presidente determina que hay una evidencia creíble de ataque inminente podrá ordenar un ataque preventivo contra el enemigo digital. Las reglas en estos casos encargan el cometido al Departamento de Seguridad Nacional y al FBI, quienes deben defender tanto a las estructuras gubernamentales como a las propias redes comerciales. A partir de un cierto nivel en la entidad del ataque (un aspecto este que permanece en secreto) pasaría a encargarse el Departamento de Defensa, quien requeriría de la autorización presidencial directa para acometer acciones ofensivas.
Esta regulación viene precedida por los incidentes de ataques informáticos presuntamente realizados desde el exterior USA y dirigidos contra importantes medios de prensa como The New York Times, The Wall Street Journal o The Washington Post, algunos de los cuales han sido vinculados a gobiernos extranjeros como China y Rusia. El único cyberataque que hasta el momento se ha atribuido a Estados Unidos es el del virus Stuxnet, desarrollado presuntamente en cooperación con la inteligencia israelí y cuyo propósito era hacer que fallase una instalación nuclear iraní.
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