E-Mail 'Perder la información, la nueva moda política' To A Friend

Una serie de crímenes convirtieron la noche de Oporto en un ajuste de territorio entre bandas de tráfico de drogas y seguridad ilegal en 2007 y un robo en la noche del sábado al domingo puso en entre dicho la seguridad del proceso.
La casa de la fiscal Helena Fazenda fue asaltada en un robo que nada tenía que ver con la investigación, pero en el que la misma se vio comprometida. Los ladrones se llevaron el portátil de la funcionaria, en el que guardaba el sumario, confidencial, del caso.
“El ordenador robado no compromete en nada la seguridad y la dinámica de las investigaciones en curso”, explicó Fazenda en declaraciones que recoge RTL. La fiscal asevera que la información guardada en el portátil no es confidencial puesto que no está guardada por el secreto judicial.
Aún así, y según datos de Correio da Manha, entre la información guardada se encontrarían escuchas telefónicas que no deberían salir del circuito judicial.
La fiscal portuguesa es el caso más reciente y más cercano geográficamente de una situación que ya empieza a convertirse en una especie de moda a la que debe enfrentarse el poder político.
Los casos de filtraciones ilegales y de acceso a información confidencial utilizando técnicas propias de la piratería conviven con los errores de peso de las Administraciones.
Casos recientes
Si bien el Pentágono o el correo de la candidata a la vicepresidencia republicana, Sarah Palin, fueron hackeados sin que sus responsables pudiesen hacer mucho para impedirlo, los descuidos empiezan a resultar inaceptables a la sociedad europea.
Reino Unido, por ejemplo, ha asistido durante los últimos meses a un goteo de pérdidas que han puesto en tela de juicio la efectividad de sus recursos de protección.
Información sobre la población reclusa o sobre los niños participantes en un programa de la televisión pública BBC cayeron en una especie de ‘bien común’ cuando los responsables extraviaron el dipositivo electrónico en el que estaban almacenados.
Algo similar sucedió en Irlanda, donde el departamento de Auxilios Sociales perdió datos sobre sus beneficiarios.