El primer punto a tener en cuenta es que la resolución de la Audiencia Nacional no elimina el pago del canon digital ni se pronuncia sobre su conveniencia, sino que rechaza la orden ministerial del año 2008 por “vicio radical” en su forma, en la que se especificaban las tarifas y los soportes en los que se debía imponer el pago de la tasa.
Con la anulación de esta orden, la imposición viaja en la máquina del tiempo hasta la orden anterior, fechada en el 2006, que no contemplaba el gravamen a ciertos dispositivos que después se introdujeron para adaptar el canon a la evolución de la tecnología y que en cualquier caso fijaba cantidades menores a pagar.
Por el momento el Gobierno no ha detallado sus planes pero es de esperar que se redacte una nueva norma.
Las entidades de gestión ya han respondido asegurando que están pensando en recurrir al Tribunal Supremo, aunque piden al Gobierno que se pronuncie con rapidez sobre este asunto para aclarar la situación.
La decisión de la justicia fue bien recibida por los usuarios en un primer momento porque supone un evidente varapalo para el canon digital, pero la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) cree que al final se seguirá pagando el gravamen.
No podía faltar por pronunciarse sobre este asunto la ministra de cultura, Ángeles González-Sinde, que ha señalado que la decisión de la Audiencia “no altera los planes del Gobierno porque no anula el derecho a la compensación por copia privada”.
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