Con esa información los propietarios de los derechos de autor tendrán “la posibilidad de actuar contra estas violaciones”, según las ministras de Justicia, Beatrice Ask, y Cultura, Lena Adelsohn Liljeroth. Los tribunales “deben poder obligar a un operador de Internet a dar al tenedor de los derechos de autor la información sobre una determinada dirección IP cuando se utiliza”, dicen desde el gobierno sueco.
En principio descartan una imposición a las operadoras para interrumpir el servicio como ocurrirá en Francia y Reino Unido.
A pesar de ello el Partido Pirata, defensor de la libre circulación de archivos por Internet, condenó la decisión del Gobierno, y la consideró “una declaración de guerra contra quienes comparten archivos y contra toda una generación de jóvenes electores”.
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