Puede que el culebrón del despido de Sam Altman de OpenAI y el papel de Microsoft en la compañía aun no haya llegado a su fin. Ahora se acaba de abrir otro nuevo capítulo.
El viernes Bloomberg informó de que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU (FTC) ha abierto una investigación para determinar si la inversión de Microsoft en la compañía creadora de ChatGPT supone una violación de las leyes antimonopolio del país.
Por el momento la investigación de la FTC es preliminar y la comisión aun no habría abierto una investigación formal. Ahora mismo la agencia se encuentra analizando la situación y evaluando las opciones.
Un artículo escrito por Lina Khan, presidenta de la FTC, y publicado en el New York Times ya dejaba entrever esta preocupación. En el mismo hablaba de que la creciente adopción de la IA corría el riesgo de “bloquear aún más el dominio del mercado de las grandes empresas de tecnología existentes”.
Según Engagdet hay varios aspectos por los que esta acción podría quedarse en agua de borrajas. La primera es que OpenAI en parte es una organización sin fines de lucro y la ley no exige que este tipo de entidades ‘no corporativas’ informen de sus transacciones.
Además, los 13.000 millones de dólares que ha invertido Microsoft hasta la fecha en la empresa no le darían control sobre la misma a ojos de la ley. Sin embargo, todos los movimientos ocurridos recientemente y el rol de la empresa de Satya Nadella al volver a reconfigurar el tablero con sus piezas en OpenAI han demostrado lo contrario.
No obstante, EE.UU no es el único lugar donde la relación entre inversor e invertida preocupan en términos monopolísticos. La Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido (CMA) también ha compartido está considerando investigar la relación entre los dos actores dominantes de la IA.
Asegura que están sopesando “los acontecimientos recientes” (en referencia al culebrón Altman-Microsoft) y afirman a través de un comunicado de prensa que “revisarán si la sociedad ha resultado en una adquisición de control, es decir, cuando resulta en que una de las partes tenga influencia material, control de facto o más del 50% de los derechos de voto sobre otra entidad”.
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