Ha entrado en vigor esta semana la directiva europea que obliga a las operadoras telefónicas a conservar los datos y la información personal de los usuarios.
La normativa, que fue promovida tras los atentados de Londres en 2005, establece que las compañías tienen que almacenar durante un año los números a los que llamen los clientes, pero no se registrará el contenido de las conversaciones, los correos electrónicos o el historial de navegación.
Algunos responsables de asociaciones de derechos humanos han calificado la nueva ley como una “directiva de locos”, por atentar contra la privacidad de los usuarios, según informa Silicon News. La necesidad de la normativa, argumentada como un apoyo fundamental para las investigaciones policiales, no ha terminado de convencer a muchos ciudadanos.
Las operadoras, por su parte, opinan que la aplicación de esta medida supondrá un incremento sustancial en los costes, por lo que algunos países como Suecia han optado por no aplicarla.
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