La organización de consumidores Facua ha denunciado a varias compañías de servicios de contenido para móviles porque considera que precios de descarga de tonos, vídeos y fotos son, en la mayoría de las ocasiones, “desproporcionados”. Según Facua se trata de “un sector plagado de abusos que mueve miles de millones de euros cada año y cuya regulación sigue pendiente de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apruebe un código de conducta”.
Por norma general, estas compañías obligan a enviar entre dos y cinco SMS para poder descargar completamente un contenido, un dato que no suelen aclarar y sin informar del precio total de los mensajes ni del de cada contenido. Consumidores en Acción asegura que e nviar tres mensajes de texto y conectarse a Internet para descargar un tono cuesta hasta 6,38 euros, y un juego con cinco mensajes puede alcanzar los 9,86 euros. Además, algunas compañías ofrecen servicios de suscripción, donde los usuarios tienen que pagar entre 13,92 y 21,58 euros al mes para recibir mensajes que les ofrecen descargas, sumando también los gastos de conexión a Internet que esto conlleva.
Facua ha realizado diferentes comprobaciones con once compañías de descargas y ha detectado irregularidades en todas ellas. Siete de las empresas ofrecen servicios de suscripción (Movilisto, Club Zed, Flycell, Dada, Jamba, MyBip, Dindo) y las otras cuatro ofertan descargas individuales (Movisexy, Interbusca, Olemovil, Divertimovil) de sonidos, textos, imágenes, vídeos y juegos. Dos disponen de ambas opciones (Movilisto y Club Zed).
La denuncia ha sido presentada ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), el Instituto Nacional del Consumo y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas donde están ubicadas las empresas. Facua advierte que la Ley obliga a expresas claramente el precio, “de tal forma que su conocimiento o apreciación sea perceptible para el usuario, sin que éste necesite realizar ningún esfuerzo para su comprobación”.
La normativa para el sector de los SMS Premium, la Orden ITC/308/2008 del 31 de enero, aprobada por el Ministerio de Industria, todavía no está vigente mientras se espera la elaboración de un código de conducta.
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