Las operadoras de telefonía, que ya concentran un gran número de demandas de particulares, empresas y asociaciones de consumidores podían granjearse otro enemigo: los ayuntamientos.
Palma de Mallorca será la primera ciudad que emprenda acciones legales contra un grupo de operadoras nacionales, entre las que se encuentran Movistar, Vodafone, Euskaltel, Yoigo, Racc Móvil y Más Móvil y las que podrían sumarse Orange y Carrefour Móvil.
El consistorio mallorquín tiene previsto interponer en mayo una demanda contra todas ellas por unas cláusulas que considera abusivas y por no respetar los derechos de los consumidores, aunque antes de dirigirse a los tribunales les otorgará un plazo de entre diez y quince días para enmendar sus errores.
El ayuntamiento podría ser respaldado también en su iniciativa por otros municipios como Barcelona y las asociaciones de consumidores.
“No queremos interponer demandas porque sí, sino que queremos llegar a acuerdos para que los contratos de las compañías cumplan con la legalidad, por lo que en el momento en el que eliminen las cláusulas abusivas, el Consistorio retirará su denuncia ante los tribunales”, comentó a Europa Press Joana Maria Borràs, regidora de Consumo del Ajuntament de Palma.
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