El Congreso ha aprobado definitivamente la Ley General de Telecomunicaciones, un proceso que ha gozado de un “amplio consenso”.
La norma acordada ha incorporado las voces de los principales grupos parlamentarios, que consideran que consigue la “seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones” además de crear el escenario favorable para la creación de empleo.
Izquierda Plural la ha considerado “lesiva” por entender que prioriza el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones frente a los principios de precaución y prudencia en materia de salud pública, como recoge Europa Press.
Entre los cambios incorporados destaca el refuerzo de las competencias concedidas a la CNMC en materia audiovisual y de nuevas tecnologías. Ha sido un punto crítico, sobre todo después de las enmiendas que pedían el refuerzo de la independencia del superregulador en lugar de que fueran ejercidas por el Ministerio de Industria.
Con la aprobación de la Ley, tendrá poder sancionador además de funciones de asesoramiento y arbitraje.
Otros puntos relevantes tienen que ver con la simplificación administrativa para el despliegue de nuevas redes, el impulso al uso compartido de infraestructuras entre empresas y la dotación de mayor agilidad a la concesión de licencias gracias a la eliminación de obstáculos.
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