Además la nueva ley que transpone una Directiva europea de 2004, obliga a los operadores a conservar los datos para rastrear destino y origen de la llamada y la identidad de los comunicantes, aunque nunca será aplicable al contenido de la comunicación.
El ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró satisfecho con la aprobación de la ley que “mejorará los instrumentos de las Fuerzas de Seguridad en la investigación de delitos y dejará de ser un refugio electrónico para los delincuentes”.
Aunque ha habido un amplio consenso en la aprobación de la Ley, todos los grupos han ofrecido matices en el debate, como el representante socialista que reconoció que este tipo de medidas “pueden suponer una injerencia en los derechos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones de los ciudadanos”.
El representante popular destacó la importancia de “dotarnos de nuevos instrumentos de investigación” aunque lamentó la norma no se extendiera a otros partes de Internet – como chats – más susceptibles de delitos relacionados con la pornografía infantil.
El diputado de CiU aunque consideró positivas las posibilidades de la ley indicó su “preocupación por el riesgo de que la entrega de datos previa a la autorización judicial pueda atentar contra la intimidad de los usuarios”.
Y esta es la clave. Seguridad sí, pero a que coste. ¿Cómo aumentar la seguridad y luchar contra los delincuentes sin traspasar la frontera de la libertad individual y de las comunicaciones?
vINQulos
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