Los ingresos por el cobro de cánones en Europa aumentarán desde los 1.570 millones de euros previstos para este año hasta 2.120 millones en 2009, según un estudio elaborado por la Alianza para la reforma de Impuestos sobre los Derechos de Autor (CLRA, en sus siglas en inglés). En este sentido, la plataforma “Todoscontraelcanon” presentará ante el Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Propiedad Intelectual.
La CLRA, que agrupa diversas asociaciones y empresas de tecnologías de la información, telecomunicaciones, electrónica de consumo y medios digitales, aboga por una reforma del sistema de cánones en Europa para mejorar su transparencia.
En España, el Congreso aprobó el pasado junio la reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo trámite parlamentario estuvo marcado por la polémica entre las entidades de gestión, el sector empresarial y los usuarios.
La plataforma “Todoscontraelcanon”, que reúne a una veintena de asociaciones de consumidores, internautas y empresas, presentará ante el Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma, que extiende el canon por copia privada a los soportes digitales.
En Europa, la CLRA denuncia que los ingresos por cánones se han triplicado desde el año 2001, hasta alcanzar los 1.570 millones de euros en 2006. La CLRA asegura que el canon afecta de manera indirecta a la venta de canciones por Internet y de melodías para telefonía móvil, puesto que el gravamen reduce la venta de equipos digitales y, por tanto, la demanda de música, subraya la asociación.
Al margen del recurso de inconstitucionalidad que se va a presentar, la plataforma “Todoscontraelcanon” envió esta semana a la Comisión Europea un escrito, acompañado de casi 650.000 firmas, contra el canon aplicable a los soportes digitales, al considerarlo “indiscriminado”. La industria de las nuevas tecnologías y las ocho entidades de gestión ya han iniciado las negociaciones para acordar el listado de aparatos sujetos al pago del canon digital y su importe, tal y como establece la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
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