El porcentaje de Administraciones Públicas que utiliza herramientas de licitación pública electrónica llega apenas al 1% en España, lo que sitúa al país a la cola del resto de la UE.
Según datos del Grupo Vortal, consultora especializada en el desarrollo e implantación de contratación pública electrónica, de las 12.000 entidades y empresas que integran el sector público el 99% utilizan sistemas tradicionales de contratación, siendo 200 las que utilizan nuevas plataformas de licitación.
La licitación pública electrónica permite ahorrar costes y asegurar la transparencia así como la rapidez y seguridad en los procedimientos. Pero la administración española está lejos de alcanzar estas ventajas que sólo podrían obtenerse sustituyendo el tradicional sistema de licitación, lo que supondría un ahorro del 4% en gastos, lo que se traduce a 1.500 millones de euros anuales.
La UE fijó en 2005, en la Declaración de Manchester, que el 50% de las Administraciones utilizarían plataformas electrónicas de contratación pública en 2010. Si bien este objetivo no se ha cumplido estrictamente, las Administraciones españolas se sitúan a la cola de Europa en el empleo de estas plataformas. En Portugal por ejemplo, las entidades están obligadas por ley a utilizar estos sistemas en sus procedimientos.
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