Cada cuatro años Galicia elige a sus nuevos representantes en el Parlamento autonómico y, cada otros tantos años, el panorama político español se enfrenta al reto de cómo garantizar el voto a la población española residente en el extranjero. Una mera relación causa – efecto.
El 40 por ciento de la población gallega emigró a lo largo del siglo XX, según recoge un estudio de la Fundación BBVA, lo que propició la creación de una diáspora de dimensiones considerables que, una vez llegada la democracia, conquistó el mismo derecho a voto que aquéllos que se habían quedado en la tierra.
En total, 325.266 gallegos viven fuera de Galicia, según datos de la Secretaria Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, frente a los 2.738.098 de habitantes de la comunidad autónoma, según el Instituto Nacional de Estadística. O lo que es lo mismo, una cantidad similar a algo más del 12 por ciento de los habitantes de la región viven en el extranjero.
La diáspora es, por tanto, un vivero de votos que puede determinar quién dirige la Xunta y quién se queda en el camino. De hecho, en las elecciones de 2005, todos los partidos políticos estuvieron pendientes de los resultados de los emigrantes para determinar si tenían que cantar victoria o llorar el haber perdido.
Ante este panorama, garantizar el voto de los emigrados es, además de una cuestión de ejercicio democrático, una cuestión de supervivencia política.
Y, como se prevén elecciones para este otoño, los partidos políticos han empezado a movilizarse. Hay que garantizar el voto emigrante.
En este contexto surgió la propuesta de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, de introducir el voto electrónico. El Parlamento de Galicia había elevado una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el consenso de los tres grupos políticos que lo conforman (BNG y PSdeG, en el poder; PPdeG, en la oposición).
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