Los datos se utilizarán por el Ministerio del Interior en sus futuros planes para la creación de documentos inteligentes de identificación, y también a la hora de tratar de identificar a gente de la que se necesita obtener esa información, sobre todo en casos de desastres masivos.
La medida ha tenido una acogida conflictiva entre algunos ministros, que creen que la recogida de estos datos va en detrimento de los derechos civiles de los ciudadanos de este país, entre los que también se encuentra el derecho a la privacidad.
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