El Consejo de Ministros ha aprobado, con modificaciones, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. El polémico cierre de webs finalmente no podrá ser decretado sin orden judicial.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional será la encargada decidir el bloqueo de las páginas que violen los derechos de propiedad intelectual. Estos procedimientos se resolverán en apenas cuatro días.
Una sala de la Comisión de Propiedad Intelectual gestionará las denuncias a las webs que presuntamente promuevan la piratería. Tras la comprobación de la denuncia, se realizarán dos avisos; en caso que estos avisos no sean respondidos y que el contenido protegido por el copyright no sea retirado, la denuncia llegará al Juez de la Sala de lo Contencioso.
Caamaño destacó que la normativa “descansa en un principio clave: la autorización previa”, tal y como recoge Reuters. El titular de Justicia explicó que “es el juez quien va a condenar” después de convocar a las partes.
La vicepresidente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, agregó que se trata de un procedimiento “ágil y eficaz, que establece todas las garantías” y que no tiene “vacíos legales ni indefensiones”.
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