Las reacciones a esta resolución no se han hecho esperar. La patronal Redtel, que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO, solicita al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente este pago, una vez han visto sus denuncias respaldadadas por la decisión europea.
Lo que más preocupa ahora al sector es la posible tardanza en poner en marcha las medidas, teniendo en cuenta que el próximo 6 de octubre vence el plazo para efectuar el pago. A este respecto, Alberto Oliart, presidente de la corporación de RTVE, ya se ha pronunciado solicitando a las operadores que “primero afronten el pago y luego reclamen”. Si el Tribunal Supremo no resuelve a tiempo la solicitud del sector apoyada por la resolución de Bruselas, las operadores no tendrán otra salida que pagar, a la espera de un fallo de la Justicia que revoque la operación .
Respecto al reciente fallo europeo, el Gobierno español dispone a partir de ahora de dos meses para recurrir esta resolución. De no ser así, la propia Comisión presentará una acusación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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