Seguro que reconoces este caso en tu ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma o en las distintas administraciones del estado, donde los proveedores de software (especialmente del libre) denuncian contrataciones a dedo a favor de las grandes del software propietario.
A nivel de usuario o empresas privadas el tema está claro: cada cual que haga con su dinero lo que mejor estime, pero en las administraciones públicas (con el dinero de todos) se debería ser absolutamente escrupuloso mediante la oportuna oferta de compras.
No parece que fue el caso del organismo público de jubilaciones de Quebec (RRQ, Régie des Rentes du Québec) que actualizó en 2006 sus equipos informáticos al sistema operativo Windows Vista “considerando que únicamente Microsoft era capaz de responder a sus necesidades”, gastando 700.000 dólares en licencias y sin una oferta pública.
Además terceras empresas especializadas en Linux habían informado al RRQ de la posibilidad de adquirir su propio software de manera gratuita, y ofreciendo servicios idénticos a los de Microsoft.
Ahora, la corte de Quebec considera ilegal estas actualizaciones y aunque rechaza la demanda de anulación del contrato (ya es absurdo ya que los equipos llevan usándose cuatro años) condena a Microsoft y a la RRQ al pago de las costas del juicio y lo más importante, sienta precedente para que las empresas de software propietarias o libre compitan en igualdad de condiciones.
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