Aunque la ley establece que el usuario tiene 14 para cancelar su solicitud de cambio de operadora sin que se le pueda imponer ninguna sanción económica, lo cierto es que las compañías de Internet cobran 157 euros de media a aquellos usuarios que finalmente deciden seguir confiando en su operadora.
Esta es la principal conclusión de un informe realizado por la web de ahorro Kelisto tras analizar los datos de las cinco compañías con más cuota de mercado en España (Movistar, Jazztel, Vodafone, ONO y Orange).
Las dos compañías que sancionan con una mayor cantidad (Vodafone y Jazztel) pueden llegar a solicitar hasta 240 euros si el servicio cancelado corresponde con una portabilidad de fibra óptica.
Por su parte, Movistar es la que menos penaliza (100 euros), lo que supone que la diferencia puede ser de hasta 140 euros entre unas y otras firmas.
Aunque la legislación esté a su favor, si un usuario comprueba que le han cargado una cantidad por “gastos relacionados a la portabilidad que ha cancelado”, desde Kelisto le recomiendan hacer una reclamación por escrito.
De esta manera, tiene 30 días, tras recibir la factura, para manifestar a la operadora su disconformidad con dicho cobro. Si pasado un mes no obtiene respuesta, debe acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, donde interpondrá una queja.
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