Anunciada por el presidente Chaves a finales de verano, el legislativo venezolano aprueba definitivamente una ley que meterá entre rejas a quien vendan, importen, fabriquen, alquilen o usen videojuegos violentos o armas de juguete.
La Ley prevé tres meses de carencia para que los distribuidores, vendedores y usuarios se deshagan del “material delictivo”.
“La violencia no es problema coyuntural sino estructural y entendemos que los elementos clave en los que se sustenta la sociedad son la Iglesia, la familia y la educación. Son éstos los que deben crear conciencia además de contar con las acciones represivas de los órganos de seguridad”, explicó el vicepresidente, José Albornoz, precursor de la Ley.
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