“El canon digital sólo debería aplicarse a la obra que lo genera”

El canon digital está más que nunca en entredicho tras la polémica de la SGAE por malversación de fondos. A principios de mes se filtraba que el Gobierno estaría preparando la supresión de la tasa, aunque pocas horas después Elena Valenciano, responsable del comité electoral del PSOE, negaba las informaciones señalando que no se eliminaría pero sí se buscaban otras fórmulas a la medida. Hasta la propia Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se reunía con las entidades de gestión de derechos de autor concuyendo que se necesitaba una transformación de la imposición, algo en lo que se estaría trabajando con Industria.

Aprovechando este clima, las principales organizaciones de internautas quieren dar el estoque definitivo al discutido canon. Por ello, AUI (Asociación de Usuarios de Internet), AI (Asociación de Internautas) y ANEI (Asociación Nacional de Empresas de Internet) se han presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados con un escrito que pretendería mostrar la inutilidad y falta de criterio del gravamen.

En el escrito se recuerda que el Tribunal de Justicia Europeo estableció en enero que el canon sólo debía cobrarse a los particulares y no a empresas jurídicas, habiéndose comprometido el gobierno a aplicar estos cambios. Medio año después, aún no se habría modificado la norma.

Las organizaciones de internautas no sólo han emitido su queja y petición de una retirada del canon, sino que también han propuesto una alternativa. Creen que lo “sencillo, justo y equitativo” sería aplicar la tasa exclusivamente a la obra que lo genera. Con esta fórmula los autores participarían más a la hora de cobrar por su obra y se eliminaría a los intermediarios.

Las asociaciones han aludido también al aprovechamiento de algunas entidades como la SGAE del impuesto para sus fines personales. Víctor Domingo, presidente de la AI ha señalado, de hecho, que “la mayor parte del dinero manejado fraudulentamente por la SGAE proviene del canon digital”. En este sentido el documento expresa que según un informe del Tribunal de Competencia de 2009, el 6% de los socios de la entidad se repartirían el 97% de lo recaudado.

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