El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Propiedad Intelectual, que recoge la polémica tasa Google y prevé cambios en el sistema de compensación por copia privada.
La norma ha sido aprobada por el apoyo mayoritario del PP, con 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones y cuenta con el rechazo de algunos sectores, como las entidades de gestión de derechos de autor y asociaciones y empresas de internet.
Tras pasar todos los trámites legales, la reforma entrará en vigor en enero de 2015, tras su publicación en el BOE.
Una de las cuestiones más polémicas de la norma es la denominada Tasa Google, que establece que los agregadores de noticias como Google News deberán compesar a los editores por usar sus piezas periodísticas en calidad de derechos de autor.
“Estamos decepcionados con la nueva ley porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios web”, ha declarado Google España a través de un comunicado.
En cuanto al futuro, sigue el texto, “continuaremos trabajando con los editores españoles para ayudarles a incrementar sus ingresos mientras valoramos nuestras opciones en el marco de la nueva regulación”.
En respuesta a la pregunta sobre la valoración de la tasa, el director general de Unidad Editorial, una de las empresas que conforman AEDE, Javier Cabrerizo, declaró que “tecnología y medios tienen que entenderse y respetarse”. El ejecutivo participó en el evento Big Tent que organizó Google en Madrid y que versó sobre las oportunidades del entorno digital para los medios de comunicación.
En el marco del mismo evento, el periodista Jeff Jarvis, considerado gurú del periodismo digital, declaró que la desaparición del link [en referencia a la desaparición de los agregadores] iba a acelerar la desaparición de empresas digitales, limitar su nacimiento, eliminar el entorno colaborativo en la web.
Otro de los aspectos más criticados ha sido el relativo a los cambios en el sistema de compensación por copia privada. A partir de ahora esta tasa se cargará a los Presupuestos Generales del Estado.
Las entidades de gestión de derechos de autor consideran el sistema injusto, porque involucra a toda la sociedad española, y además insuficiente, porque la cantidad que se destinará es menor que la obtenida a través del cobro del canon.
El texto aprobado también establece una serie de obligaciones a las Entidades de Gestión de derechos de autor, como la identificación y localización de los titulares de los derechos a quien se harán los pagos.
Más control también por la obligación de nombrar a una persona jurídica encargada de las operaciones de pago y facturación.
La norma amplía los plazos de protección de derechos de fonogramas (hasta 70 años) y establece el marco para garantizar la protección por parte de instituciones culturales de obras sin autor.
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