El Gobierno se planta ante las operadoras

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha asegurado que Defensa de la Competencia tomará “las medidas pertinentes” si descubre que las compañías de telefonía móvil Vodafone, Movistar y Orange decidieron subir sus tarifas de manera coordinada.

Movistar, Vodafone y Orange subirán el coste del establecimiento de llamada de 12 a 15 céntimos (un 25 por ciento), dentro de la reestructuración de sus tarifas para compensar los efectos de la nueva ley contra el redondeo.

Solbes ha indicado que “cada empresa” puede tomar la decisión que estime “pertinente” sobre sus tarifas porque “los móviles son libres”. Sin embargo, explicó que “lo que no es libre” es que las empresas de móviles se pongan de acuerdo para “subir las tarifas de forma pactada”. “Si eso es así, lógicamente pueden afectar a los temas de competencia y en su caso el tribunal tomará las medidas pertinentes”, enfatizó.

En este sentido, el vicepresidente económico indicó que el Servicio de Defensa de la Competencia está “analizando” este asunto para comprobar “si tiene que actuar o no”.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo, las comunidades autónomas, el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Ministerio de Justicia analizarán los nuevos contratos planteados por las operadoras de telefonía móvil para verificar su adecuación a la ley, según se anunció en la Conferencia Sectorial de Consumo.

Las autoridades competentes en esta materia estarán también atentas a que se preserve el derecho de los consumidores a darse de baja en el contrato como consecuencia de la modificación unilateral de precios del operador “sin imposición de obstáculos que puedan considerarse como ilegales”.

El subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, informó de que, hasta el momento, la única compañía de telefonía móvil que ha comunicado de forma oficial al Instituto Nacional del Consumo la subida de sus tarifas ha sido Movistar, por lo que se ha requerido información al resto de operadores, tal como obliga la legislación (Real Decreto 424/2005).