El Consejo consultado por el Ministerio de Cultura expone su opinión en contra del canon digital “desde el punto de vista de consumidores y usuarios, en cuanto a las garantías de acceso a los bienes y servicios de carácter informativo, educativo-cultural y de entretenimiento, reconocidos en la Constitución”.
El CCU que expresa su malestar con el gobierno por su falta de interlocución con el Consejo, participa de la idea que esta compensación no es justa ni equitativa y que deben estudiarse otras opciones que permitan remunerar a los autores por el acto de reproducción de sus obras y no por la adquisición de dispositivos.
Además indica su preocupación por el precio final repercutido a los usuarios considerando que en todo caso deben ser el colectivo de fabricantes, importadores y distribuidores los que vengan obligados al pago, no debiendo repercutirlo en el usuario cuando no se emplean para una copia privada.
Mientras se mantenga el actual sistema abogan “por un mayor control y transparencia de la labor de las Entidades de gestión, de sus criterios de distribución de los ingresos percibidos en esta materia y de su labor inspectora”, pidiendo que se analice las ventajas de crear una instancia pública de recaudación en esta materia.
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