España lleva a Google ante el TJUE por el derecho al olvido en la red

Como consecuencia de una serie de denuncias de ciudadanos españoles contra Google y en favor del denominado “derecho al olvido”, la Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  que aclare si la compañía estadounidense está obligada a eliminar datos personales de su motor de búsqueda y de su agregador de noticias incluso cuando no es ella la responsable de producir el contenido.

En concreto, el tribunal madrileño ha elevado “el problema referido a las obligaciones que tienen los buscadores de Internet en la protección de datos personales de aquellos afectados que no desean que determinadas informaciones, publicadas en páginas web de terceros y que contienen sus datos personales y permiten relacionarles con la misma, sean localizadas, indexadas y puestas a disposición de los internautas de forma indefinida”.

Entre otras cosas, los jueces se preguntan si es imprescindible que los denunciantes presenten sus quejas en California, donde se encuentra la sede de Google, o si se puede aplicar la normativa comunitaria y nacional de protección de datos.

Los casos que más publicidad ha recibido son los de un hombre que pide la retirada de una noticia en la que se trata el embargo y posterior subasta de su casa por impago, y el de un cirujano plástico que quiere borrar toda referencia a una operación mal realizada en el pasado. Aunque se calcula que hasta el momento unas 130 personas han realizado en nuestro país solicitudes similares ante la autoridad de protección de datos.

La consulta de la Audiencia sentará precedente ya que la respuesta del Tribunal de Luxemburgo se convertirá en vinculante para otros procesos abiertos en países miembros de la Unión Europa. ¿Cómo se lo ha tomado Google? Ante este panorama y en medio de la polémica por los cambios de privacidad introducidos el 1 de marzo por el buscador, el gigante de Internet se sigue mostrando optimista.

“Apoyamos el derecho a ser olvidados y creemos que hay maneras de aplicarlo a intermediarios como los motores de búsqueda de forma que proteja tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la libertad de expresión”, ha comentado un portavoz de la compañía a Reuters.